A escasos días de finalizar el primer trimestre del 2018, desde RÚA Abogados queremos ofrecer un panorama sobre la situación actual del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en lo sucesivo, IIVTNU), así como algunas perspectivas sobre su posible evolución en los próximos meses. Para ello, quisiéramos en esta ocasión centrar nuestra atención en la labor que se comienza a desarrollar desde las Cortes Generales a efectos de reformar la regulación actual del impuesto.

¿Por qué se debe modificar la ley que regula el impuesto?

Es conveniente recordar que la Sentencia 59/2017 dictada el pasado 11 de mayo por el Tribunal Constitucional (TC) estableció la inconstitucionalidad del método de cálculo que venía aplicándose para el IIVTNU. En este sentido, el TC consideró que el método empleado para determinar el importe de la Plusvalía Municipal atenta contra el principio constitucional de “capacidad económica”, toda vez que -hasta ese momento- la mera titularidad de un inmueble durante un periodo de tiempo constituía motivo suficiente para que la transmisión de dicho inmueble fuera gravada por el impuesto, a pesar de que no hubiese existido incremento alguno en el valor del bien transmitido. Por este motivo, el TC resolvió declarar nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la LHL, aunque aclarando que eran nulos “únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica.”.

Sin embargo, mediante la comentada sentencia el TC no solo anula los mencionados artículos en la medida en que sometan injustamente a tributación una situación que no ponga de manifiesto la capacidad económica del contribuyente, sino que impone también un mandato al legislador estatal para que modifique la normativa vigente articulando un nuevo mecanismo de determinación de la base imponible.

Acatando este mandato, el pasado 27 de febrero el Grupo Parlamentario Popular presentó una Proposición de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. De hecho, la propia Exposición de Motivos de la Proposición establece que “Esta Ley tiene por objeto dar rápida respuesta al mandato del Alto Tribunal de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como consecuencia de la Sentencia”.

Dicha Proposición de Ley fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados el pasado 6 de marzo del presente año.

Si bien la propuesta del Grupo Parlamentario Popular deberá recorrer aún varias fases del trámite legislativo antes de modificar la vigente LHL -y aunque presumiblemente la redacción original de la Proposición se modifique por la intervención de los diferentes actores legislativos- no deja de ser un ejercicio interesante analizar el contenido de la misma, ya que es una manera de anticipar los posibles cambios que enfrentarán los contribuyentes en el futuro próximo.

¿Cuáles son las principales modificaciones incluidas en la Proposición de Ley?

La modificación más importante que incorporaría la nueva ley es la introducción de un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que el sujeto pasivo acredite que no ha obtenido un incremento de valor. Esto se logaría a partir de la adición de un nuevo apartado 5º al artículo 104 de la LHL. En dicho apartado se establecería que no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos, respecto de las cuales el sujeto pasivo acredite la inexistencia de incremento de valor, por diferencia entre los valores reales de transmisión y adquisición del terreno.

Es decir, si bien el sujeto pasivo seguiría teniendo la obligación formal de declarar la transmisión no sujeta, dicha operación no estaría gravada por el IIVTNU en la medida en que dicho sujeto obligado sea capaz de probar que no se ha producido el incremento de valor y, por tanto, que no se ha realizado el hecho imponible.

Es particularmente relevante en este punto atender a los medios de los que podrán valerse los contribuyentes para acreditar esa inexistencia de incremento de valor. Al respecto, señala la Proposición de Ley que:

“Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, como valores reales de transmisión y adquisición del terreno se tomarán los efectivamente satisfechos respectivamente en la transmisión y adquisición del bien inmueble, que consten en los títulos que documenten la transmisión, o bien, en su caso, los comprobados por la Administración tributaria a quien corresponda la gestión de los impuestos que gravan la transmisión del inmueble, en caso de que sean mayores a aquellos.

En el caso en que el valor del suelo no se encuentre desglosado, se calculará aplicando la proporción que represente en la fecha de la transmisión el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total del bien inmueble.”

Lo anterior implica que los sujetos obligados podrán valerse de los valores de adquisición y de venta que figuren en las escrituras correspondientes, a efectos de acreditar que no ha existido incremento de valor. No obstante, conviene aclarar que el IIVTNU no grava el incremento de valor de las viviendas como tal, sino únicamente pretende gravar el incremento de valor experimentado por el suelo que sea de naturaleza urbana. De allí, que el legislador prevea el supuesto -muy habitual en la práctica- de que el valor del suelo transmitido no se encuentre específicamente desglosado en las escrituras de compra y venta. En dichos supuestos bastará con aplicar a los valores de compra y de venta el porcentaje que implique únicamente el valor del suelo en el valor total catastral.

La norma, por otro lado, prevé también que puedan acreditar la inexistencia de valor quienes adquieran o transmitan un bien a título lucrativo. Esto es, quienes reciban un inmueble a título de donación o herencia. En estos casos, la Proposición de Ley señala que se tomarán en cuenta aquellos valores que consten en la correspondiente declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o bien el comprobado administrativamente por la Administración Tributaria a quien corresponda la gestión del impuesto que grava la transmisión, en caso de que sea mayor a aquel.

Otra de las modificaciones importantes que incorporaría la nueva normativa es que se modifican algunos apartados del artículo 107 de la LHL, referidos a la definición de la base imponible y a su método de cálculo. En consecuencia, se crean unos coeficientes máximos según los años de tenencia del inmueble, con un límite de 20 años. Por lo tanto, se simplifica el mecanismo de cálculo de la base imponible, ya que ahora será el producto de multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo por el coeficiente correspondiente.

Los ayuntamientos, por lo tanto, tendrán un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley para modificar sus respectivas ordenanzas fiscales y adecuarlas a la nueva normativa. Hasta entonces resultará de aplicación lo dispuesto en la nueva LHL, tomándose para la determinación de la base imponible del impuesto los coeficientes máximos establecidos en la nueva redacción del apartado 4 del artículo 107.

Finalmente, resulta también de gran importancia que -según la propia Proposición de Ley- las modificaciones que se introducirán a la LHL en relación a la posibilidad de acreditar la inexistencia de incremento de valor se harán “con efectos desde el 15 de junio de 2017”, es decir, con efectos desde la fecha de publicación en el BOE de la Sentencia 59/2017 del TC.

¿Qué implica esta modificación para quienes pagaron la Plusvalía Municipal y quieren reclamar su devolución?

La comentada Proposición de Ley arroja algo de luz sobre el futuro del IIVTNU. Sin embargo, su redacción no limita en ningún sentido los derechos de los contribuyentes que se hayan visto afectados por el pago del mencionado tributo, quienes podrán seguir reclamando la devolución del mismo.

Como se ha dicho previamente, el Legislador tan solo acata el mandato impuesto por el TC, mas en ningún caso cierra la vía de la reclamación administrativa y judicial por parte de quienes debieron soportar las consecuencias de un tributo cuyos métodos de cálculo han sido declarados inconstitucionales.

No obstante, es cierto que -de publicarse la nueva ley en los términos en que se plantea la Proposición- la estrategia jurídica de los contribuyentes que deseen reclamar pudiera ser diferente dependiendo del momento en que dicha persona haya pagado el impuesto.

En base a lo expuesto, consideramos que nos encontramos en el momento adecuado para promover las mencionadas reclamaciones, ya que el estado legislativo actual y las últimas tendencias jurisprudenciales -tal como hemos comentado en artículos previos- generan un contexto propicio para obtener resoluciones favorables y poder así recuperar su dinero.

Por ende, no dude en contactarnos si usted se encuentra en alguno de los siguientes supuestos:

1. Si ha vendido un bien inmueble en los últimos cuatro años.
2. Si ha recibido un bien inmueble en título de herencia, pacto de mejora o donación en los últimos cuatro años.

• Si ha adquirido un bien inmueble en los últimos cuatro años, en aquellos casos en que el vendedor era una persona física no residente en España.

En RÚA Abogados estudiaremos su caso en profundidad y adaptaremos nuestra estrategia legal de manera que podamos incrementar sus posibilidades de recuperar el importe íntegro que usted desembolsó cuando pagó el tributo.